El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, ha presidido hoy la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía, integrada por la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz; la directora general de Empleo, Cristina Salinas; personal técnico del Gobierno de La Rioja, representantes de CCOO, UGT, Federación Riojana de Municipios, FER, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y Consejo Sectorial de Exclusión Social.

 

El consejero ha explicado que desde su puesta en marcha la Consejería de Políticas Sociales ha recibido 1.488 nuevas solicitudes para percibir una renta, de las cuales, 1.414 están siendo revisadas. “Estamos hablando del dinero de todos los riojanos y, para que ese dinero llegue al que de verdad lo necesita, la Administración necesita un proceso de contraste permanente de los datos que asegure que las solicitudes se ajustan a lo que la ley exige”, ha resaltado Escobar.

El consejero ha indicado que, para hacer frente a la gestión de los expedientes, se ha reforzado la plantilla con siete nuevos trabajadores, se ha creado un nuevo punto de información y se han celebrado sesiones informativas con las trabajadoras sociales del primer nivel.

Además, la Consejería de Administración Pública y Hacienda ha adaptado el programa informático Protecnia, centrado en la gestión de los servicios sociales, para hacer que la tramitación de los expedientes “sea lo más ágil posible” y se “ha estrechado la colaboración con otros organismos públicos como la Seguridad Social y el INEM, con los que se comparte información sobre el perfil de los solicitantes”.

Asimismo, ha cifrado en 268 las nuevas concesiones y en 100 las solicitudes que hasta el momento se han denegado. En total, son 1.736 riojanos los que ya perciben la ayuda.

Escobar ha insistido en que la Renta de Ciudadanía supone “un nuevo modelo de contrato social” dado que conlleva derechos y obligaciones por parte de los perceptores, mientras que la Administración tiene la responsabilidad de gestionarla adecuadamente. “Ofrecemos una respuesta asistencial para aquel que lo está pasando mal”, pero sin olvidar que “el verdadero objetivo de la ley es conseguir el empleo de estas personas”.

Por ello, ha resaltado “el importante esfuerzo” que está realizado la Dirección General de Empleo como responsable de elaborar itinerarios sociolaborales individuales de los perceptores de renta.

En este sentido, la directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha explicado que su departamento ha diseñado una encuesta que permite a los trabajadores sociales de primer nivel, aquellos que trabajan en los ayuntamientos, valorar la empleabilidad de una persona que solicita una Renta de Ciudadanía,

“A nuestro departamento solo llegan aquellos perfiles que los trabajadores sociales han identificado como empleables”, ha subrayado. A partir de ese momento, se aplican todos los servicios de informe y asesoramiento de empleo porque, en palabras de Salinas, “todos aquellos beneficiarios de prestaciones sociales no tienen un empleo, pero sí tienen un trabajo, que es buscar un empleo y en esa tarea cuentan con todo el apoyo y asesoramiento técnico”.

Hasta el momento, se han recibido 101 derivaciones para ofrecer asesoría en materia de empleo, de las cuales, se ha citado a 75 personas. En este punto, ha asegurado que los técnicos de Empleo serán “especialmente rigurosos” a la hora de controlar que los perceptores cumplen con las obligaciones señaladas en el itinerario sociolaboral que se haya asignado al perceptor para obtener un empleo lo cumplen.