La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, junto al consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel, se han reunido con el consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Miguel Folguera, y el delegado en la Rioja, Víctor López. Encuentro en el que Andreu ha reivindicado “el derecho de las víctimas a la verdad y a la lucha contra el olvido” porque como ha asegurado, “la memoria es fundamental si queremos contribuir al futuro de la convivencia de la sociedad”.

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo regional ha insistido en la apuesta del Gobierno de La Rioja por la protección de las víctimas del terrorismo. De hecho ha aseverado que, “este Ejecutivo es el primero que va a materializar el compromiso derivado de la aprobación de la Ley 4/2018 de 10 de abril con la aprobación del Reglamento de Víctimas, un texto que debía haberse aprobado en abril de 2019. Desde la Dirección General de Justicia e Interior se ha culminado el proyecto de dicho Reglamento con las aportaciones de las distintas entidades, reglamento que está en tramitación y cuya aprobación definitiva está prevista para finales de 2020″.

El apoyo del Ejecutivo regional a estos colectivos y víctimas individuales no asociadas está unido al principio de reparación y tiene también un compromiso presupuestario. Y es que, ha adelantado Andreu, “los presupuestos para 2021 fijan, por primera vez, una partida de 500.000 euros para ayudas a las víctimas del terrorismo en La Rioja e incrementan la partida presupuestaria destinada para ayudas a entidades bajo el régimen de pública concurrencia en aras de la transparencia y buen gobierno frente fórmulas anteriores que optaban por el sistema nominativo. Además de destinar una partida para la atención directa de las víctimas en el desarrollo de la Ley de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Por último, la presidenta del Gobierno de La Rioja ha recordado que se “están protocolizando los procedimientos administrativos con la Oficina de la Víctima del Delito para convertirla en ‘ventanilla única’ para las víctimas y evitar así un peregrinaje burocrático”.