El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, ha propuesto hoy a la consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Eva Hita, distintas medidas de protección al sector agrícola y ganadero para contrarrestar el impacto económico que el coronavirus puede causar a corto y largo plazo en La Rioja.

Pérez, quien se ha mostrado preocupado por las consecuencias que esta crisis sanitaria supondrá también para el sector primario, ha subrayado la necesidad de que el Ejecutivo regional lidere un plan de medidas urgentes, en estrecha cooperación con el Gobierno de España, para afrontar las consecuencias ocasionadas por el Covid-19.

El presidente de ARAG-ASAJA ha explicado que, si bien los agricultores y ganaderos han permanecido en actividad, se están detectando problemas en sectores concretos por el descenso de ventas, debido principalmente al cierre de la hostelería y la cancelación de toda la actividad turística vinculada al enoturismo.

En este sentido, ha compartido con la titular de la Consejería una serie de medidas de impulso al sector de carácter fiscal, laboral, financiero y administrativo que sirvan para protegerlo y promover la actividad, particularmente en los sectores que más se van a ver afectados. En concreto, ha solicitado a la administración autonómica la aplicación de las siguientes medidas:

  1. En materia ganadera:
  • Una línea de ayudas directas de minimis para paliar las consecuencias que las restricciones de la actividad hostelera están teniendo en el sector de ovino y caprino de carne. 
  • La exención de tasas por servicios veterinarios y otros servicios ganaderos durante, al menos, el año 2020.
  • La ampliación de la vigencia de las autorizaciones establecidas en la normativa veterinaria sobre transporte de animales.
  • La financiación en su totalidad de la ayuda al seguro de retirada de animales muertos en las explotaciones, como una medida excepcional derivada de la situación del mercado para los sectores vacuno, ovino, caprino y porcino, provocado por las restricciones de la aplicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.
  • En lo que se refiere al sector vinícola, afectado también por el cierre de la hostelería y la paralización de la actividad turística en general, y con el objetivo de reducir la posible repercusión sobre el viticultor como principal proveedor de las bodegas, las propuestas van dirigidas a:
  • La concesión de avales para los pagos a proveedores y trabajadores.
  • Flexibilidad en el pago de impuestos y tasas de tipo estatal, regional, y municipal.
  • Y distintas propuestas fiscales relacionadas con el aplazamiento de préstamos sin pago de intereses ni amortización, exenciones de IBI rústico, seguridad social, y aplicación de un IVA reducido.
  • En materia administrativa, ARAG-ASAJA solicita:
  • Que se habilite con carácter extraordinario un procedimiento que permita verificar con posterioridad al estado de alarma, aquellos trámites que, como las autorizaciones de viñedo, requieren de algún trámite presencial (constitución de avales, verificación de firmas).
  • Que se considere la caza como una actividad exenta de las restricciones que en estos momentos se están aplicando, siempre y cuando se dirija la actividad, respetando las medidas de seguridad autorizadas, a reducir los daños que está ocasionando la fauna silvestre en la agricultura y la ganadería.
  • Que se revierta la prohibición de realizar quemas por los perjuicios que puede ocasionar.

Por otro lado, el presidente de ARAG-ASAJA también ha instado a la consejera que traslade al Ministerio de Agricultura distintos asuntos de competencia nacional. En concreto, se ha referido a la propuesta de rebajar los módulos del IRPF del año 2019 que se aplican al sector agrario o al control de precios del gasóleo B para uso agrario de forma que la caída de su cotización se traslade en su justa medida al sector.

Por último, Pérez también ha situado el impacto del cierre de fronteras como un asunto de máxima prioridad, ya que va a dificultar la llegada a La Rioja de trabajadores de otros Estados de la Unión Europea o terceros países. En este sentido, ha reclamado que se permita la entrada en el país de aquellos ciudadanos extranjeros que cuenten con el respectivo precontrato con el empleador para trabajar ya que en las próximas dos semanas se generalizarán las labores agrícolas en la región que requerirán de un mayor número de personal. De lo contrario, ha finalizado, tendremos otro problema añadido.